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Diciembre 2020 | Riego

Aguas subterráneas

Monitoreo de Extracción Efectiva: Información clave para una mejor gestión del agua

Una de las claves para la gestión de los recursos hídricos es contar con acuíferos sustentables. Y, en ese sentido, es que una de las medidas decretadas por la Dirección General de Aguas (DGA) ha sido la implementación de un Monitoreo de Extracción Efectiva (MEE), una vez que fue aprobada la Ley 21.064 de enero de 2018, que modificó el Código de Aguas, dando más facultades a la DGA en materias de control de los recursos hídricos utilizados y fiscalización.

Por esta razón es que en julio de 2019 se dictó la Resolución DGA Exenta N°1238, que establece los lineamientos técnicos y los plazos respecto a la obligación de instalar y mantener un sistema de monitoreo y transmisión de extracciones efectivas en las obras de captación de aguas subterráneas, extendiéndolo a todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Esta resolución divide en cuatro categorías los estándares que se deberán cumplir en función de los caudales autorizados de extracción (mayor, medio, menor y caudales muy pequeños), definiendo también el tipo de sistema de medición (general, básico y caudales muy pequeños) y la frecuencia y el formato de transmisión (anual, mensual, quincenal o por hora, en formato Excel y ‘on line’).

“Así, de cada acuífero se estudió la información de los pozos que están constituidos y de la extracción y, a partir de eso, se definieron cuáles son los rangos de caudales. De esta forma, los pozos de caudales mayores deberán contar con un sensor de niveles, un flujómetro conectado a un ‘data logger’ y la transmisión debe ser vía ‘on line’ a un servidor de la DGA. Con la instalación de un sensor de niveles veremos, en este caso, cómo fluctúa el nivel del acuífero. Aquellos pozos más pequeños no medirán los niveles y bastará que envíen a la DGA un registro dos veces añ año”, explica Luis Alberto Moreno, del departamento de hidrología de la DGA.

Y todo esto llega a un servidor central de la DGA.

La DGA desarrolló un software para cumplir con esta obligación que permite, por un lado, que cada usuario pueda catastrar su obra, es decir, que el pozo tiene una ubicación y unas determinadas características. Y, por otro lado, define la opción para poder enviar la información que, por ejemplo, en el caso de las grandes obras es vía ‘on line’ al servidor de la DGA. Esto ya está implementado desde mediados de 2019 y su funcionamiento ha sido óptimo. El software que implementamos ha sido clave por el volumen de volumen de información que estamos recibiendo. Es un software que permite el catastro de la obra y la transmisión de datos y, por parte de la DGA, nuestros funcionarios pueden cruzar y revisar la información que está ingresada al sistema.

¿Qué porcentaje de información es el que están recibiendo ustedes hoy en día?

Hemos partido por diferentes acuíferos, priorizando la zona que tuvo que partir el año pasado. A inicios de noviembre, hay más de 60 comunas de la Región de O’Higgins hacia el norte donde se ha implementado. Hicimos una priorización en base al estado del acuífero, partiendo por La Ligua y Petorca, continuando luego con Aconcagua, Copiapó, Limarí, Huasco…, cubriendo las principales cuencas desde la Región de O’Higgins hacia el norte.

¿Y los usuarios ya están enviando información?

Sí, claro. En cifras generales, creo que hay más de 3.000 obras de captación que ya cumplieron con la obligación de catastrarse. De esas, dos tercios ya están transmitiendo por diferentes medios, es decir, sobre 2.000. En los casos es que no estén catastradas las obras o que, si bien lo están, pero no están transmitiendo información, la DGA puede iniciar la fiscalización de ello.

¿Esa fiscalización trae aparejada consigo una sanción, una multa?

Sí, claro. Para la DGA, el proceso de fiscalización viene a determinar quién es el que está con algún incumplimiento y gatillará una sanción de acuerdo a la categoría en que está el pozo. Pero este es un proceso que estamos partiendo, porque insisto, lo primero era implementar este proceso, es decir, desarrollar e implementar un software para que los usuarios iniciaran el proceso de catastro. Y, a medida, que pase el tiempo, esto irá gatillando procesos de fiscalización.

¿Cuáles son los objetivos finales de una norma como esta?

Una norma como esta no busca fiscalizar, lo que busca es generar información. Cada día tenemos una menor oferta hídrica a raíz del cambio climático y tenemos claro que cada día vamos a tener una menor disponibilidad de agua. Debemos gestionar el recurso en esta situación de escasez y, para eso, necesitamos información. Hoy contamos con información sobre la oferta, pero no así sobre la demanda, que nos permitiría tener una mayor claridad respecto a la disponibilidad y cómo esta va cambiando en el tiempo

¿Qué es lo que hará la DGA con esta información?

Un aspecto principal es que toda la información se está entregando a los planes de gestión de recursos hídricos que se están desarrollando en las principales cuencas del país, que van a permitir contar con información de la oferta y demanda de agua y la construcción de un modelo numérico para asegurar diferentes aristas. Eso, en definitiva, va a entregar herramientas para que los usuarios, las instituciones públicas y universidades puedan contar con la mejor información para hacer una mejor gestión del recurso hídrico.