Según información del Ministerio de Minería, las empresas están pagando entre US$ 200 mil y 250 mil por la compra de un derecho de agua de un litro por segundo. En zonas mineras donde el Estado ya no entrega más derechos. Para realizar este artículo entrevistamos a destacados profesionales del ‘mundo del agua’, entre los que destacan los ingenieros Humberto Peña y Fernando Peralta, y el abogado Luis Simón Figueroa.
El precio de los derechos de agua se fija y se transa libremente entre privados, y depende de las condiciones específicas de compradores y vendedores que hacen que el proceso de fijación de tarifas sea muy aleatorio. En ocasiones en una misma fuente los precios de los derechos transferidos pueden diferir en hasta 10 veces, situación que ocurre –por ejemplo- en los cauces próximos a Santiago, con valores estimados de entre US$ 1.000 a 5.000 el litro por segundo (l/seg). Otro factor es la influencia de particularidades locales en el rango de precios. Por ejemplo, en el río Mapocho, que tiene la ventaja de permitir el abastecimiento gravitacional del barrio alto de Santiago, allí los precios se elevan a valores superiores a US$30.000 l/seg. Así mismo, en el Sistema Paloma existe una zonificación de los precios que da cuenta del mayor atractivo económico de los sectores altos del valle, los que presentan un clima especialmente favorable para la fruticultura de exportación y una menor disponibilidad de recursos hídricos. Allí los valores aproximados van desde US$ 1.500 hasta US$ 7.000 el l/s.
A pesar de las complejidades propias del mercado hay factores inherentes que inciden para determinar el precio de las transacciones de agua. Según la visión de consultores y profesionales especializados en el recurso hídrico, son distintas las variables a considerar en el proceso.
“El precio del agua en primer lugar tiene relación con la oferta del recurso y la magnitud y las características de la demanda. En lugares donde hay mayor escasez, es probable que el precio sea mayor, influido por la disposición a pagar de quienes requieren de agua. Si estamos hablando de un aprovechamiento del recurso que genera un producto de gran valor, la disposición al pago va a ser más alta, y puede que el precio suba, lo que se debe tener en cuenta es que el agua está asociada directamente a la oportunidad de uso y al lugar de uso”, señala Humberto Peña, ex Director General de Aguas y actual consultor en recursos hídricos.
Esta característica explica que en una misma cuenca existan distintos precios. Aguas arriba en el río Mapocho -en el Arrayán- el valor es fácilmente diez veces más alto, que aguas abajo en Santiago, porque quienes concurren a competir en ese punto por el recurso hídrico tienen una mayor disponibilidad, interés y disposición a pagar por él.
“No es raro que en una subcuenca, dentro de una gran cuenca, surja en un instante dado un usuario que incorpore una actividad económica (producto o servicio) que le de mayor valor al agua y si además existe condición de escasez, eso implicará un aumento en el precio del agua de ese sector”, explica Peña.
Para graficar las diferencias de precio en distintos sectores de una cuenca, Humberto Peña participó en un estudio para la División de Planeamiento del MOP, en el que se analizó la situación de dos cuencas: Limarí y Maule. Los resultados se obtuvieron en base a entrevistas con habitantes de la zona y se estimó un promedio aproximado del valor del agua.
Los resultados en las tablas se tradujeron a pesos por metro cúbico al año (cuánto vale el metro cúbico de agua) ya que en Limarí hay embalses y el agua se transa en términos volumétricos (ver tabla 1). En la cuenca del Maule se estima una variación de precios que van desde los $100.000 l/s en el Canal Melado, hasta los $2.100.000 en el río Longaví (ver tabla 2).
|  Humberto Peña Torrealba, consultor en Recursos Hídricos, y ex director de la Dirección General de Aguas |  Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile y consultor en Recursos Hídricos. |
“Todos estos valores se obtuvieron de entrevistas con la gente, no hay ninguna estadística rigurosa, pero es una pista de cómo se mueve el mercado. Cerca de San Clemente hay mucho más actividad de huerto pues ese sector está orientado a la exportación, cultivan arándanos y por lo tanto el precio sube. Hay otros lugares que se van activando, por ejemplo en Longaví ha cambiado el precio porque se instaló una empresa de berries que demanda más agua y el valor también aumenta. La lógica de esto es que se cree una tendencia nacional. Lo que yo defiendo es que debería haber una política orientada a cuánto produzco por metro cúbico de agua, en todas estas zonas el suelo no es el factor limitante, es el agua, entonces no tiene mucho sentido decir, cuánto es lo que produzco por hectárea, uno debería decir, cuánto produzco por metro cúbico de agua. Cambiar el concepto”, señala Humberto Peña.
Oferta y demanda: Derechos de aprovechamiento de agua
El valor de los derechos de aprovechamiento de agua, como en cualquier mercado libre, obedece a la oferta y la demanda, pero en Chile el panorama es bastante cambiante. Desde el valle del Lluta en la Región de Arica y Parinacota hasta el río Cautín en la Araucanía, hay todo tipo de precios, los que se estima van de los 200 mil hasta 8 millones de pesos el litro por segundo.
Para la tarificación del agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) estima el valor de los derechos de aprovechamiento en aquellas zonas en que existen empresas sanitarias para calcular el valor del agua cruda. En el gráfico (ver figura) realizado por Peña, se ilustra cómo los precios bajan de norte a sur, con valores en ocasiones cien veces mayores en relación a los más bajos. “En términos gruesos estamos hablando de cincuenta mil o cien mil dólares el l/s y en otros puntos del orden de sólo mil dólares”, concluye Peña.
Para Fernando Peralta, Presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, otra variable tiene relación con la rentabilidad del agua en el proceso productivo. “Si un valle está muy activo y la gente cultiva primores y productos de exportación, el precio tenderá a subir. Si esa industria es muy rentable, no estará dispuesta a vender la gallina de los huevos de oro, a no ser que sea a precio de huevos de oro y al contrario, si un valle está deprimido el valor tiende a bajar, de eso depende el precio”. “Un factor importante es la posición que tome una determinada empresa frente al futuro. Para que una industria, proceso minero o de cultivo funcione, se necesita agua. Al hacer una inversión hay que asegurar el agua con antelación, eso está empezando a mover el mercado y ha subir los precios”, señala Fernando Peralta.
Al dinamizarse la industria se crean expectativas frente a la oferta de los derechos de aprovechamiento de agua. “En el valle del Huasco habían tres grandes proyectos mineros, los habitantes de la zona que tienen derechos y se informan de esta situación, se crean expectativas y suben los precios. Lo mismo en el río Loa, donde la gente sabe que su agua vale mucho, y que dependiendo de las circunstancias económicas suyas y de las ofertas que hagan las empresas, estarán dispuesto a vender a un determinado precio”, ejemplifica Fernando Peralta.
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*Valores corresponden al valor original del agua cruda calculada por la SISS para los efectos de tarificación del agua potable de las empresas sanitarias.
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Al poseer un derecho de aprovechamiento que se usa constantemente, ese uso también tiene valor. Al respecto el abogado Luís Simón Figueroa explica: “Cuando se dice que ‘el agua vale cero pesos’ es porque efectivamente no tiene precio en la fuente o porque los derechos se obtuvieron sin pagar por ellos, pero se omite el costo de uso. Las aguas superficiales hay que extraerlas del río, mantener la bocatoma, conducirlas por un canal y pagar los gastos de administración, para que a cada usuario se le entregue lo que corresponda. Todo eso tiene un valor y se debe pagar por ello”.
“Si se trata del costo del agua para poder usarla, su valor será mayor o menor según la distancia que tenga de la fuente. Si hay que sacarla de un lugar y además bombear para llevarla a otro más alto, si deben hacerse canales que serpenteen por terrenos difíciles hay costos de construcción, si hay pérdidas por infiltración y se reviste el canal con cemento, todo ese costo va a incidir en el precio final de uso del agua”, agrega Figueroa.
¿Qué se transa en el mercado del agua?
La legislación del Código de Aguas de 1981 estableció, respecto a la asignación de derechos originales de agua, que éstos “fueran entregados por el Estado gratuitamente, sin reconocer preferencias por determinados sectores, a perpetuidad y sin limitación de caudal, a todos los particulares que los soliciten. Además, los peticionarios no están obligados a justificar la cantidad pedida, quedando la autoridad pública en la obligación de otorgarlo si existe disponibilidad y no se afectan derechos de terceros. Cuando hubieran dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no existiera suficiente disponibilidad para todas ellas, los derechos deberían ser asignados a través del mecanismo de remate”.
En el mercado del agua se distinguen dos tipos de bienes: Los derechos de aprovechamiento y el insumo agua propiamente tal. El primero desde la perspectiva del usuario, constituye un activo y significa una expectativa de caudal futura, sobre el cual se toman decisiones de largo plazo, el segundo corresponde al volumen de agua efectivamente demandado en un instante dado por distintas actividades. En este último caso la disposición de los usuarios a pagar obedece a consideraciones de corto plazo y en la práctica se traduce en el arriendo temporal, por un período breve, de derechos de aprovechamiento.
El precio del agua en estos mercados se asigna mediante el libre intercambio de algún tipo de propiedad –derechos, permisos, concesión, autorización, merced, para poder usarla. Ninguna autoridad central determina la transferencia –aunque puede regularla en función del interés público– sino que el precio y otras condiciones se generan en transacciones voluntarias negociadas por la partes.
Los análisis realizados en distintas cuencas del país muestran que las transferencias de derechos de aprovechamiento de agua, independientemente de la tierra, son en general escasas. En un informe de Humberto Peña realizado para la “Conferencia internacional de organismos de cuenca”, en Madrid, el profesional señala a modo de ejemplo que los antecedentes del valle del río Elqui, indican que las transferencias realizadas en los primeros 10 años de vigencia del Código de Aguas de 1981, no superan el 3% del total de derechos, y de ese valor un 90% de las transferencias corresponden a aguas que no se estaban utilizando.
En ocasiones las propiedades agrícolas tienen mayor valor que sus retornos, por lo que muchos agricultores venden el agua para obtener más utilidades.
| Existen otras áreas en las cuales se observan transferencias de derechos relativamente importantes, asociadas al cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbano. Es así como en el curso superior del río Mapocho, próximo a Santiago, se registró un traspaso a uso doméstico del 40% de los derechos de aprovechamiento originalmente asignados a la agricultura, con una actividad de mercado para el período 1993-1999 del 1.96% anual. |
El mismo análisis realizado en el río Maipo entrega una actividad que va, según el sector, de 1.7 a 0.82%. En otras cuencas ubicadas al sur de Santiago, o donde la actividad económica es menos dinámica, las transacciones son aún más escasas.
Un elemento indispensable para el funcionamiento de un mercado, es disponer de un sistema registral de la propiedad y procedimientos que permitan la inscripción adecuada de los derechos existentes. En este sentido, la legislación contiene diversas normas que se orientan a ese propósito. Con la modificación del Código de Aguas, se estable la necesidad de crear un registro por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) de los derechos de agua, con información entregada por los conservadores de bienes raíces. Al respecto Humberto Peña comenta: “La falencia, desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico, es que la información es insuficiente, debiera existir un sistema informático asociado al territorio, a la situación geográfica, que permita conocer con precisión los derechos de uno y de otros, acceder a información de calidad para poder realmente tener una gestión más activa del sistema de derechos, situación que no se ha dado hasta el momento”.
Desde la entrada en vigencia de la Reforma al Código de Aguas, en la página web de la DGA (www.dga.cl) se encuentra disponible un catastro con las principales transacciones de derechos de aprovechamiento desde 2005. Sin embargo estos datos figuran con criterios dispares (diferentes unidades), lo cual dificulta la lectura y comprensión de los datos. "El problema del mercado del agua es que es un mercado poco profundo, con desviaciones grandes en la compra venta del agua, donde el valor promedio -cuando se puede sacar- no dice mucho. Hay hasta papers que describen el problema.", explican en la DGA.
Existen limitaciones que restringen la movilidad de los recursos hídricos, ya que resulta complejo y costoso modificar el sistema de distribución y conducción de los canales. Para Fernando Peralta este es un tema que afecta a la agilidad del mercado “al momento de realizar la compra de un derecho de aprovechamiento y se lo quiere trasladar, esto debe ser aprobado por la DGA, la cual no admite a tramitación derechos que no estén inscritos en el catastro público de agua, expresado en unidades métricas por unidades de tiempo –litros por segundo, metros cúbicos por año-, y establecida su categoría. La gran mayoría de los derechos en Chile no están perfeccionados desde ese punto de vista, la metodología y la dinámica de las disposiciones reglamentarias es muy compleja”.
Luís Simón Figueroa del Río, abogado y miembro de ALSHUD
| En la gran mayoría de los cauces ubicados en la zona norte y central de Chile, no existe agua superficial disponible para nuevos usos, de modo que no se conceden derechos de carácter consuntivo y permanente. Cuando se trata de constituir uno nuevo y existen dos o más solicitudes sobre las mismas aguas, la ley establece el remate, y por consiguiente el precio se fija por ese mecanismo.
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Para Humberto Peña, según consta en sus escritos, “históricamente el remate ha sido un instrumento ineficiente como mecanismo de decisión respecto a la asignación de los derechos originales, ya que en la práctica se ha comprobado que los supuestos para el mismo no alcanzan al uno por mil de las solicitudes, y en consecuencia, no ha existido otra limitación para la asignación de nuevos derechos que la disponibilidad física del recurso y la no afectación de los derechos de terceros.
La forma de asignación original de los derechos ha tenido consecuencias extraordinariamente negativas, favoreciendo procesos de restricción a la libre competencia y una distorsión completa en el funcionamiento de diversos mercados”.
“El objetivo final de este sistema es que se reasigne el recurso, dejar que funcione el libre intercambio y no establecer interferencias que provocan desviaciones, que frenan las actividades más que impulsarlas. Tratándose de agua, es importante la determinar si existe o no agua disponible en la fuente natural, porque si se hacen mal los cálculos y se dice que no hay agua donde sí la hay, el precio que se fije puede ser artificial, lo que no es bueno, porque si el precio sube mucho. Sólo las actividades verdaderamente rentables van a estar en condiciones de pagar, por ejemplo una PYME en desarrollo no podrá ampliarse porque el precio subió. Si se hace todo abruptamente se corre un riego pues se interviene en el proceso, pero es muy importante que no quede duda alguna sobre que efectivamente no hay más disponibilidad. Si existen dudas se produce un ánimo de desencuentro”, explica Luis Simón Figueroa.
A modo de ejemplo se puede mencionar uno de los últimos remates realizados por la DGA en el Río Rahue, que pertenece a la cuenca del Río Bueno, ubicado en la provincia de Osorno. En el proceso se subastaron cuotas de agua entre derechos de aprovechamiento permanente y eventual, sólo con fines consuntivos. Fueron subastados al mejor postor 656 cuotas de derechos consuntivos de ejercicios permanentes por un total de 1.312 l/s, y 544 cuotas de derechos consuntivos de ejercicio eventual y continuo por un total de 1.088 l/s. La recaudación final fue superior a los $50 millones de pesos.
Costos de gestión:
¿Cuánto pagan las organizaciones de usuarios?
Para analizar y evaluar el costo que cancelan los usuarios del agua de riego, por concepto de administración, operación y gestión de las organizaciones de usuarios de aguas (OUA) a las que pertenecen y su relación con el nivel de profesionalización y desempeño de éstas, el Dr. Jorge Jara Ingeniero Agrónomo, y el alumno Álvaro San Martín, realizaron un proyecto para el Depto. de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la U. de Concepción, el cual llegó a significativos resultados.
El diagnóstico se aplicó a 25 OUA entre la cuarta y la octava región: 10 juntas de vigilancia y 15 asociaciones de canalistas. Se comparó el presupuesto anual de operaciones de cada OUA sobre la base de la superficie total bajo riego, el valor que cancelan los usuarios por la administración del recurso hídrico en cada sistema, y la relación entre cualidades, aptitudes y capacidades de gestión de la directiva con el desempeño de las OUA.
Finalmente, la información secundaria -que se obtiene de otros trabajos, reportes e informes- permitió analizar y comparar la relevancia del pago de los usuarios a su OUA con los costos de producción de los principales cultivos predominantes en cada zona. Los resultados indican que los sistemas de administración y gestión difieren entre las organizaciones. En términos generales, mientras mayor es la dotación de agua y la superficie bajo riego que administra una OUA, mayores son los montos administrados por la misma. Para las asociaciones de canalistas el precio por hectárea bajo riego que cancelan los usuarios por la administración del recurso hídrico en su sistema, tiende a disminuir cuando el área o superficie bajo riego es mayor a las diez mil hectáreas, situación que no se da para las juntas de vigilancia.
La contratación de personal técnico-profesional a cargo de la labor administrativa, operacional y de gestión incide directamente sobre el desarrollo y crecimiento de las OUA, y proporciona las herramientas y la visión necesaria para obtener ingresos extras. Además, las entidades con un mayor Nivel de Desarrollo de Capacidades -un indicador cualitativo para caracterizar las OUA según las funciones y actividades que son capaces de desarrollar, sus niveles de gestión y administración, su capacidad de generar propuestas y vincularse con otras instituciones- poseen el mayor número de directores con educación universitaria completa y un porcentaje menor de morosidad en el pago de las cuotas.
El precio que cancelan los regantes a las OUA por hectárea bajo riego es de un 0,1 a 0,4 % de los costos totales promedio de producción de los principales cultivos de la zona en estudio. Finalmente, no se evidenció ningún tipo de correlación entre el precio que cancelan los usuarios por la administración del agua y las rentabilidades promedio de los cultivos predominantes en la zona en estudio, o por la ubicación geográfica en el país.
Entre los principales resultados que arrojó el estudio se mencionan que en general mientras mayor es la dotación y la superficie bajo riego que maneja una OUA, mayores son los montos administrados por la misma. Similarmente, se determinó para las asociaciones de canalistas, que el precio que cancelan los usuarios oscila entre los $ 2000 y $ 19.ha/temp/año cuando la superficie bajo riego es inferior a las 10.000 ha, con una tendencia a valores en un rango de $2.000 a $9.000 por ha/temporada para superficies mayores. En las juntas de vigilancia el valor cancelado por los usuarios varía entre $ 240 y $ 9.287 ha/temp/año, no mostrando relación con el tamaño de las organizaciones.
El diagnóstico de las OUA involucradas en el estudio indica que los sistemas de gestión administrativa aplicados difieren entre organizaciones del mismo tipo y entre las regiones en estudio. Se observó que la capacidad de gestión, medida en términos del Nivel de Desarrollo de Capacidades, se puede correlacionar con el nivel de escolaridad promedio del directorio de las OUA, influyendo en el porcentaje de morosidad de pago de las cuotas por parte de los usuarios, en el grado de profesionalización o contratación de personal profesional que realiza las labores técnico administrativas y en los ingresos extras que capturan las OUA. La representatividad porcentual de la contratación de un profesional-administrador en el presupuesto total de una organización arrojó valores entre 6% y 16% con valores menores en OUA que manejan una superficie bajo riego de 10.000 a 30.000 ha.
Al comparar el precio que cancelan los regantes a las OUA en los costos totales promedio de producción de los principales cultivos de la zona en estudio, se llega a la conclusión de que este precio o valor tiene un porcentaje de representación que va desde el 0,1 al 4 % del costo total de producción de estos cultivos y que no se relaciona con los ingresos.
|  La escasez sumada al aumento de productividad llevan a un mayor valor del agua |
En Chile hay experiencias de organizaciones exitosas, que han logrado superar los problemas básicos, transformándose en entes fuertes y eficientes. En general lo han conseguido sin cobrar cuotas extraordinariamente altas o dependiendo de algún generoso regante acaudalado, sino que han tenido la claridad y el buen juicio de profesionalizar la administración de la Organización.
Eso les ha permitido desarrollar un sistema eficiente, con una muy buena inversión del dinero recolectado y a un costo que, a veces, es inferior al que anteriormente se pagaba. Así, el agua se entrega en forma oportuna y conforme a derecho, y los directorios se dedican a la labor que les corresponde –dirigir la organización- con el consiguiente ahorro de tiempo y problemas, ya que el trabajo técnico-administrativo es realizado por profesionales encargados para ello, debiendo rendir cuentas de su desempeño al Directorio, que a su vez lo hace a toda la comunidad de regantes.
Los efectos de la nueva legislación en el precio del agua
Después de una tramitación de 13 años en el Congreso Nacional fue aprobada por un amplio consenso la modificación al Código de Aguas de Chile. Esta reforma es de gran importancia, por el sostenido crecimiento económico y exportador, basado en productos altamente demandantes de agua.
La nueva legislación establece el pago de patente de aquellos derechos de agua que no están siendo utilizados, para desincentivar el acaparamiento y la especulación. La patente se cobra en lo casos en que no existen obras de captación de aguas y se rigen por una tabla diferenciada por zonas, ya que el agua hacia el norte del país es más escasa y por tanto más cara.
Las solicitudes serán limitadas a las verdaderas necesidades de los proyectos, y empezará a regir para todas las que ingresen. La obligación de presentar una memoria explicativa, en un formato simple y predeterminado, implicará que todo solicitante deberá justificar -a partir e cierto caudal- el uso que le dará al agua. Se faculta a la autoridad para limitar una petición si no existe correspondencia entre lo solicitado y el uso que se pretender efectuar, de acuerdo a una tabla de equivalencias entre usos y demandas previamente determinada. Para Humberto Peña esta norma es muy relevante. “Para la agricultura en la zona sur del país es la posibilidad de desarrollar el riego. En las condiciones de antes, ocurría que bastaba que un derecho no consuntivo se instalara en la parte baja de la cuenca para que fuera imposible constituir nuevos derechos de agua hacia arriba. Eso se daba en la práctica en distintas cuencas, y en forma bien notable, existiendo agua. Ahí existía para algunos sectores una traba al desarrollo de nuevos usos del agua, sin generar ningún beneficio para nadie. Pero legalmente la traba existía”.
| ¿Cuánto cuesta profesionalizar una organización de usuario?
Jorge Jara Ramírez  -Calcular el personal mínimo que se debe tener: Se debe considerar soporte gerencial: gerente administrador –responsable de gestionar y cumplir los acuerdos del Directorio, velar por la correcta marcha y puesta al día del rol de regante y los aspectos administrativos y contables, y la supervisión general de los trabajos que se realicen. Apoyo directo de una secretaria y contador. Soporte Técnico legal: disponer de la ayuda profesional de un ingeniero (Civil, Civil Agrícola, Agrónomo, u otro), quien además de orientar el trabajo técnico, participa en la elaboración y revisión de nuevos proyectos de obras y en el mejoramiento de obras ya existentes. Agregar los horarios de estos profesionales.
Disponer de un local donde funcionen sus oficinas y puedan los regantes dirigirse para realizar consultas y trámites, lo que permite, además, que desarrollen un sentido de pertenencia con su organización. Costos de la infraestructura de apoyo: computadores, teléfono, fax, etc. y los gastos de operación para que el sistema funcione, habilitación de bocatomas limpias. Expresar el gasto para un usuario, saber cuánto se paga por tener bajo riego una hectárea de suelo. Si una organización que riega 2.800 ha y cobra a sus regantes el equivalente a $ 15.000 por hectárea, ese valor es fácilmente comparable con otra organización que riega 17.000 ha y cobra a sus usuarios el equivalente a $ 10.000 por hectárea. Sin embargo, la primera organización no contaba con la asesoría de un ingeniero y un abogado, y disponía de un sistema administrativo precario. Si esta organización “pequeña” decidiera profesionalizar su accionar, es probable que la cuota debiera elevarse a unos $ 20.000 por hectárea regada, para desarrollar actividades semejantes a la de la organización más grande. A todo lo anterior, y dependiendo de las particularidades de cada situación, el regante debe añadir, a veces, el costo de manejo y mantenimiento de su canal. |
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| Aguas subterráneas - aguas superficiales
Jorge Jara Ramírez  A juicio de los especialistas en el recurso hídrico, así como el agua superficial y la subterránea difieren en sus características, sus valores también varían. Algunas apreciaciones:
Fernando Peralta: “El agua subterránea desde el punto de vista operativo tiene grandes ventajas. Cuando uno tiene un pozo y saca el agua para un determinado proceso económico, no tiene que compartir ningún tipo de infraestructura con nadie, por lo tanto es una solución muy práctica a nivel de inversionista. Debería ser mayor el precio del agua subterránea porque es más escasa que el agua superficial, pero en general depende mucho de las circunstancias y de la posibilidad de uso que tenga el comprador. Si tengo que comprar agua a 40 km de distancia, la voy a comprar más barata, que si la compro a 5 kilómetros”. Luis Simón Figueroa: “La gente prefiere el agua superficial porque la capta y la mueve por gravedad. En cambio la subterránea la tiene que extraer y se genera un gasto constante por concepto de energía, pero también hay ventajas para el agua subterránea. La buena calidad de esa agua y la certeza de que está disponible constantemente. Eso no ocurre con el agua superficial ya que está sujeta a períodos de abundancia y de escasez. De eso y del tipo de producto o servicio va a depender si la actividad busca un costo más bajo, como la de la superficial, ya que es más cara el agua subterránea”. Humberto Peña: “Es parecido el costo entre derechos de aguas subterráneas y superficiales, pero hay muchas situaciones específicas, puntuales o locales que influyen en el precio. El derecho de agua subterránea puede estar localizado muy próximo al punto de demanda. Está en el mismo predio, por lo que se independiza de todo lo demás. En segundo lugar la calidad del agua es distinta, el agua subterránea de partida no tiene sedimentos, lo que aporta beneficios y garantías. Por otro lado es un recurso muy seguro y estable en el tiempo, entonces es difícil comparar, pero los precios tienden a ser parecidos”. |
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Artículo publicado en Chileriego, Edición Nº 32. |
