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Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: Un potencial nacional por sobre 860 MW PDF Imprimir E-Mail
viernes, 25 de enero de 2008
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Un reciente catastro realizado por la CNE y la CNR, que estima el potencial hidroeléctrico asociado a obras de riego en ocho regiones del país, calcula un potencial de 860 MW para centrales entre 2 y 20 MW. La noticia incluso podría ser mejor: en 2008 esperan determinar la energía de las centrales bajo 2 MW y ya están trabajando para que regantes y empresas hidroeléctricas se unan en este negocio. El pasillo del segundo piso del Hotel Crowne Plaza de Santiago está atiborrado de gente. Varios sostienen tazas con café y alguna que otra galleta. Conversan en español, inglés y alemán. Son algunos de los 250 inversionistas -150 extranjeros- que han acudido al II Encuentro Internacional de Inversión en Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), organizado por CORFO entre el 14 y el 16 de noviembre. Sobre una de las decenas de mesas que se intercalan con vasos y fuentes, descansan algunos montículos de un pequeño documento anillado: “Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego Existentes o en Proyecto”. Junto a ellos, más disimulados, aparecen otros compuestos por textos de un archivo que sólo está corcheteado: “Anexos: Contactos”. El primero es un catastro preliminar de potenciales centrales entre 2 y 20 MW (que califican como ERNC), realizado en ocho regiones del país (desde Atacama a la Araucanía). El segundo muestra los nombres de los canales, sus presidentes, direcciones, teléfonos y datos para contactarlos; si bien todavía está incompleto, presenta un alto grado de avance.

La persona que expondrá en algunos momentos más en el Salón Constitución es Ramón Downey, consultor de la Comisión Nacional de Riego (CNR), entidad que en conjunto con la Comisión Nacional de Energía (CNE) estuvo trabajando en los documentos. El informe se enmarca en el convenio de cooperación mutua que suscribieron ambas instituciones en julio de 2006 para estimular el desarrollo de la energía hidráulica, en el contexto de las ERNC, esperando beneficiar no sólo al país, sino que especialmente al sector agrícola y, en particular, a los propietarios de los derechos consuntivos de agua y sus organizaciones de regantes. “Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de juntar a dos actores que necesitan conversar. Los que tienen el recurso –las organizaciones de regantes- y los que quieren desarrollar los proyectos de inversión, que pueden ser las mismas organizaciones u otros actores”, dice Christian Santana, asesor de energías renovables de la CNE.

De los 12.326 MW (Megawatts) de potencia instalada en Chile, sólo 294 corresponden a ERNC. De esta cantidad, apenas 113 corresponden a las 14 centrales menores a 20 MW conectadas a alguno de los cuatro sistemas eléctricos interconectados del país. En los últimos años – por su contribución a los objetivos de seguridad de suministro y sustentabilidad ambiental de la política energética - el gobierno se ha empeñado en aumentar la influencia de las Energías Renovables No Convencionales, lo que sumado a los altos precios del petróleo, la crisis del gas y un atractivo valor de la electricidad en Chile, han aumentado el interés de inversionistas privados en desarrollarlas. Primero, a través de las Leyes Corta I (19.940) y II (20.018), donde se da acceso a las redes de distribución para evacuar la energía generada por centrales de menos e 9 MW de capacidad instalada, se libera total o parcialmente de pago de peajes de transmisión troncal para las fuentes no convencionales de menos de 20 MW y se crea un modelo comercial y operacional simple para centrales menores a 9 MW, a través del derecho a optar a un precio estabilizado para la venta de su energía sin mediar contratos y con una coordinación muy simple con los operadores del mercado. Con ello, dice Rodrigo Iglesias, secretario ejecutivo de la CNE, “no hay razones para que proyectos de ERNC no puedan ser competitivos en el mercado”.


Los incentivos legales quieren ir incluso más allá. Durante el primer semestre de 2007, el gobierno ingresó al Parlamento un proyecto de ley para potenciar el desarrollo de energía proveniente de estas fuentes. Éste exige a todas las empresas que comercialicen energía en el SIC (Sistema Interconectado Central) y al SING (Sistema Interconectado del Norte Grande), acreditar que un 5 % del total de la energía que vendan provendrá de ERNC (generadas por las propias empresas o por terceros) a partir del año 2010. Dicho porcentaje crece gradualmente hasta ser un 8% el 2024.

“Eso se traduce en una demanda por comprar energías renovables, donde las pequeñas centrales hidráulicas están consideradas. Es un cambio significativo en nuestra legislación, porque hasta la fecha no había una señal tan clara hacia el mercado eléctrico del interés por desarrollar esas alternativas energéticas”, explica Santana. El proyecto de ley está en su segundo trámite constitucional y podría aprobarse el primer semestre de 2008.

Los incentivos económicos, explica el asesor de la CNE, van de la mano también con la labor de CORFO, organismo que dispone de algunos instrumentos de fomento. En 2008 se realizará el IV Concurso CORFO-CNE, un subsidio a la preinversión en proyectos ERNC, que otorga el 50 % de los recursos utilizados en los estudios –hasta un límite de US$ 60 mil- y que ya ha consolidado una cartera de 140 proyectos. Además, se implementará un nuevo programa de subsidios para iniciativas en etapas avanzadas de ingeniería, con aportes de US$ 150 mil por propuesta. A ello se agregan créditos CORFO con montos que alcanzan los US$ 5 millones.

La generación de información que permita a los inversionistas orientar sus acciones en el mercado, comenta Christian Santana, es otra de las políticas del gobierno, en este caso ejecutada por la CNE en colaboración con otras instituciones. Y es en ese contexto que se ubica el catastro realizado en conjunto con la CNR. Con el fin de explicarlo al público, Ramón Downey –el asesor de la Comisión Nacional de Riego- se sube a la palestra en la sala del Hotel Crown Plaza. Su objetivo, más allá de entregar los resultados puntuales, es el de dar a conocer las “Bases para una Política de Fomento de Centrales Hidráulicas Asociadas a Riego”.

Un Gran Potencial

En una de las publicaciones entregadas a los asistentes, CORFO afirma que ha entregado fondos para estudios de prefactibilidad a cincuenta proyectos hidráulicos con una potencia estimada de 300 MW, los cuales requerirán más de US$ 450 millones en financiamiento. Ramón Downey tiene incluso mejores noticias. Según el catastro, se identificaron oportunidades para desarrollar 290 centrales, con una potencia instalada de 860 MW. Además, detalla, consultores no relacionados con el estudio tienen identificadas oportunidades asociadas a otras obras de riego por 80 MW adicionales. El total, entonces, llegaría a los 940 MW o más. Y eso que falta todavía estimar la potencia de centrales menores a 2 MW, trabajo que se comenzará a efectuar el año que viene.

“Si sólo el 80 % de las oportunidades de desarrollar esas centrales hidráulicas se lleva a cabo, la potencia instalada crecería en 752 MW. Ello equivale a más que una central como Ralco y representa prácticamente un 6,3 % de la potencia instalada a nivel nacional, al 31 de diciembre de 2006”, explica Downey.

El alto costo de la inversión y el largo plazo estimado del retorno (que fácilmente puede superar los diez años), sin embargo, asoman como problemas a enfrentar, especialmente para las asociaciones de regantes. Según Downey, las inversiones pueden variar entre los US$ 1,5 millones y hasta US$ 3 millones por MW instalado para las centrales más pequeñas, lo que corresponde a cifras de proyectos que han sido ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde se analizan aquellas iniciativas con más de 3 MW de potencia.

Downey destaca que “hay un tema que nunca se termina de subrayar bien, que es la importancia del costo de entregar la electricidad. Puedes tener la central más rentable, pero si la tienes en un punto donde el costo de entrega es altísimo, no sirve de nada”. Aunque, a continuación, agrega que “lo que sí se sabe es que las hidroeléctricas son las más rentables de todas (las fuentes de ERNC)”

Vista aérea del embalse Puclaro en el río Elqui.


. A lo cual Christian Santana acota que, en el caso de las organizaciones de regantes, su infraestructura previa puede acortar costos y plazos de construcción de una central “porque ya pueden haber muchas obras hundidas, sobre todo en los canales. Pero eso va a depender del caso a caso”.

A estos factores que dificultan la entrada al negocio hidroeléctrico de las organizaciones de regantes, el consultor de la CNR le suma otros de igual o mayor importancia: sus limitadas capacidades técnicas más allá del campo del riego; sus estrechas posibilidades de obtener financiamiento en su calidad de organizaciones no comerciales; y, en definitiva, su desconocimiento del mercado eléctrico, de por sí complejo. Por ello, argumenta, lo mejor que pueden hacer es asociarse con empresas hidroeléctricas para un proyecto con la envergadura que las pequeñas centrales de pasada requieren. Estas empresas no sólo tienen los conocimientos técnicos y del manejo del negocio, sino también la capacidad económica para implementarlo.

Acercando Expectativas

Algunas horas antes de que Ramón Downey subiera al estrado, Rodrigo Weisner, director ejecutivo de la DGA (Dirección General de Aguas), se había preocupado de dejar en claro el bien establecido sistema nacional en cuanto al uso de las aguas. “Para operar una obra hidroeléctrica es necesario ser titular de un derecho que habilite la explotación del recurso”, dijo en dicha oportunidad. Una frase que, complementada por el consultor de la CNR cobra vital relevancia: “Los dueños de los derechos de agua consuntivos, sobre los caudales que pueden ser utilizados en una central asociada a obras de riego son los regantes. Sus organizaciones se constituyen de acuerdo al Código de Aguas, y tienen amplios poderes para administrar las aguas, definiendo inversiones y sistemas de manejo, estableciendo cuotas, cobrando multas y recurriendo a la fuerza pública para obligar a cumplir sus acuerdos”.

Es por ello que las empresas hidroeléctricas necesitan de las asociaciones de regantes. Así podrán contar con el recurso hídrico y construir las centrales. De esta manera, se complementarán con las asociaciones –quienes probablemente no tengan los recursos técnicos y económicos- y podrán apuntar a un trabajo en conjunto en el cual ambas pueden sacar provecho.

Sin duda, los beneficios para los regantes de instalar una pequeña central hidroeléctrica de pasada en sus canales pueden ser varios y diversos, especialmente a sabiendas de que se trata de un negocio adicional al que ellos de por sí realizan. De esta manera, tienen la posibilidad de recibir un arriendo o una participación en los ingresos por ventas por el uso no consuntivo de sus derechos, obtener electricidad a más bajo costo para una agricultura que cada día necesita –producto de la tecnificación- más energía, disminuir los costos de limpieza y mantenimiento de canales, ya que las centrales precisan de aguas limpias, lograr ingresos económicos por bonos de carbono, debido a que proyectos de esta naturaleza pueden incorporarse al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y realizar otros negocios paralelos como la venta de arena. Los ingresos, además, pueden utilizarse para mejorar y mantener las obras de riego.

A cambio, especifica Downey, las hidroeléctricas buscan tener la autoridad para resolver todos los problemas técnicos del proyecto, manejar los aspectos comerciales y hacer su negocio sin interferencias, pagar una participación o arriendo razonable por los derechos de agua, tener claridad –desde el punto de vista legal- sobre los derechos de agua en cuestión como también sobre las limitaciones que establece el riego en el manejo de las aguas para la central.

Por todas estas razones, es que el catastro realizado por la CNE y la CNR asoma como fundamental. A él se suma, a su vez, el gran valor del documento anexo, donde se dan nombres y apellidos para que los inversionistas realicen contactos. Ambas instituciones, a raíz del convenio marco que firmaron, han realizado talleres de difusión e información hacia los regantes y la publicación del estudio en los sitios web respectivos. Para el futuro planifican la organización de un ciclo de reuniones con inversionistas y empresas eléctricas interesadas en este tipo de proyectos, con el objetivo de darles a conocer los resultados; buscan también realizar reuniones con organizaciones de regantes y confeccionar dos manuales para facilitar el entendimiento entre ambas partes: uno para los regantes, que explica la características del negocio eléctrico y los objetivos e intereses más relevantes de los inversionistas y operadores; otro para estos últimos, que detalla el funcionamiento de las organizaciones de regantes. A ellos se agrega el estudio para centrales bajo 2 MW que está en carpeta, y la evaluación a nivel de prefactibilidad de algunos proyectos concretos vinculados al actual informe. De esta forma, pretenden acercarse a la realidad técnica y económica de las centrales que se quieren construir.

Todos estos antecedentes y proyectos muestran un futuro promisorio en el rubro. Pero hay que ir con cautela. “La valoración excesiva del agua para generación eléctrica no sólo puede retrasar el desarrollo de los posibles negocios, sino que puede desincentivar a los potenciales inversionistas, quienes podrían optar por preferir el desarrollo de otros proyectos hidráulicos para los cuales adquieran la propiedad de los derechos de agua”, advierte Ramón Downey. “Tal vez las organizaciones de regantes creen que aquí hay una mina de oro”, complementa Christian Santana. “Creemos que hay buenos proyectos, pero no necesariamente son una mina de oro. Por otro lado, lo que el inversionista espera es un costo razonable desde el punto de vista de la inversión y de la operación. Y hay veces que las expectativas de ambos actores no se encuentran y puede que por una diferencia muy grande de expectativas no se desarrollen los proyectos”, explica. El objetivo del convenio entre la CNR y la CNE apunta a acercar dichas expectativas para que se realicen negocios favorables para ambas partes. En esta meta se enfocará el trabajo durante 2008.

 
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