 Desde las primeras décadas del siglo XX que algunos académicos e investigadores del recurso hídrico han venido hablando de un concepto denominado gestión integrada del agua.
Luego, las conferencias internacionales de 1977 en Mar del Plata y de 1992 en Dublín y Río de Janeiro marcaron hitos en la gestión de los recursos hídricos, al establecer la gestión integrada como el proceso a desarrollar en la administración del agua, definiendo a la cuenca hidrográfica como la unidad geográfica más apropiada para la planificación y gestión. En Chile, el desarrollo tecnológico y las nuevas políticas de Estado han impulsado la modernización de las organizaciones de usuarios -principalmente las Juntas de Vigilancia y Asociaciones de Canalistas- hacia un enfoque de gestión integrada, lo que se ha desarrollado a través de programas de Gobierno y de iniciativas de las propias organizaciones. Este cambio ha motivado la profesionalización de la gestión y la necesidad de permanente capacitación de quienes están a cargo de ella. Dado lo anterior, es que la Comisión Nacional de Riego, a través del programa “Organización y Capacitación de Comunidades de Aguas y Desarrollo de Organizaciones Territoriales en Diversas Regiones del País” que ejecuta la Universidad de Concepción, está capacitando a profesionales en distintas temáticas relacionadas con las organizaciones de regantes y la gestión del agua en el país. En este contexto, se está elaborando un material de apoyo a la capacitación, conformado por una cartilla y un disco compacto que buscan fortalecer los conocimientos de profesionales con competencias en la gestión del agua. Qué es la gestión integrada del agua
Una de las definiciones más conocidas es de la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership – GWP): “la gestión integrada del agua es un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales”.
La gestión integrada del agua debe entenderse como:
1. La integración de la gestión del agua para todos sus usos, con el objetivo de reducir los conflictos entre los que dependen de y compiten por este finito y vulnerable recurso.
2. La integración de los intereses económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto de las y los usuarios directos de agua como de la sociedad en su conjunto.
3. La integración de la gestión de todos los aspectos del agua (cantidad, calidad y tiempo de ocurrencia) que tengan influencia en sus usos y usuarios (por ejemplo, la integración entre la asignación del agua y control de su contaminación).
4. La integración de la gestión de los diferentes fases del ciclo hidrológico (por ejemplo, la integración entre la gestión del agua superficial y del agua subterránea y entre la gestión del agua dulce y el manejo de las zonas costeras).
5. La integración de la gestión a nivel de cuencas, acuíferos o sistemas hídricos interconectados.
6. La integración de la gestión de la demanda de agua con la gestión de la oferta.
7. La integración de la gestión del agua y de la gestión de la tierra y otros recursos naturales y ecosistemas (por ejemplo, bosques) relacionados.
En el taller nacional “Hacia un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos” llevado a cabo en Santiago de Chile en diciembre del 2003, Humberto Peña, planteó que la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos corresponde a un cambio cultural mayor, asociado al paso desde la Sociedad Industrial, caracterizada por la optimización de los resultados a través de la especialización (reduccionismo), con una estructura de planificación fuertemente jerarquizada, que considera los recursos naturales abundantes o prácticamente ilimitados y el énfasis en el desarrollo de la infraestructura; a una Sociedad Post Industrial (del conocimiento) caracterizada por la integración (holismo), la participación, la conciencia de la limitación de los recursos y el énfasis en la gestión”.
La gestión del agua y las organizaciones de usuarios del agua en Chile.
En el país, la Dirección General de Aguas es la institución gubernamental que concentra las tareas que competen al Estado en cuanto a la medición, investigación y de administración de los recursos hídricos. Además, es el organismo encargado de asignar los derechos de aprovechamiento, ejercer la vigilancia de los cauces naturales y de fiscalizar las organizaciones de usuarios del agua. No obstante, una vez que los derechos de aprovechamiento de aguas han sido asignados, son los privados y en especial las organizaciones de usuarios del agua quienes adquieren un rol fundamental en la gestión del recurso, principalmente en la toma de decisiones, distribución de las aguas y resolución de conflictos. Las Juntas de Vigilancia, por tener competencia en los cauces naturales, adquieren una importancia mayor en la gestión de los recursos hídricos en una cuenca.
Por otro lado, las organizaciones de usuarios del agua tienen serias limitaciones desde un punto de vista jurídico-institucional, principalmente en cuanto a las funciones que le corresponde realizar y a sus capacidades como instancias de participación y a su representatividad en el ámbito ampliado de la cuenca, lo cual sugiere la necesidad de crear entidades de cuencas con un ámbito de acción mucho mayor, que sea representativa de todos los sectores presentes en la cuenca y que promueva la participación de los distintos actores sociales relevantes.
Algunos ejemplos de organizaciones de usuarios del agua
Las juntas de vigilancia son organizaciones de usuarios del agua reglamentadas en el Código de Aguas y que tienen competencias en los cauces naturales. En algunos casos se han formado en torno de un cauce principal. En otros casos, se han organizado en torno de afluentes de segundo o tercer nivel, incluso en ríos o esteros de la parte alta de una cuenca, en cuyo caso la administración de las aguas corresponde a una sub cuenca, o sub sub cuenca, etc. Esta situación es contraria al enfoque de gestión integrada del agua. Por otro lado, es común encontrar organización en torno de tramos de ríos, es decir, se forman juntas de vigilancia en distintas secciones de un mismo cauce, lo que puede originar conflictos en la administración del recurso.
Un buen ejemplo de esté último caso, es la cuenca del río Cachapoal, que está ubicada en la VI Región. Abarca 18 comunas y 584.000 habitantes. Se inicia en la Cordillera de los Andes y termina en la unión con el río Tinguiririca, donde comienza el embalse Rapel. Cuenta con una superficie aproximada de 6.250 Km2, correspondiente al 38% de la región y su cauce principal tiene una longitud cercana a los 200 Km. Las aguas del Cachapoal son administradas por tres Juntas de Vigilancia, que tienen jurisdicción en distintos tramos del río y actúan independientemente unas de otras. Este modo no integrado de organización suele traer como consecuencia problemas y desavenencias entre los usuarios del Segundo y Primer tramo durante los años de sequía, porque las aguas administradas por la Junta de la II sección sólo tienen como recursos disponibles el estero La Cadena y eventuales derrames y sobrantes de la I sección. Considerando esta evidente dependencia del segundo tramo con respecto al primero, no es de extrañar que durante los períodos de escasez del recurso, cuando la I sección ocupa toda el agua que les corresponde legalmente, la II sección queda con déficit para regar la superficie requerida por las comunas de Coltauco y Doñihue. Estos conflictos han adquirido connotación pública en más de una ocasión, llegándose incluso a la intervención de la D.G.A., entidad que en alguna oportunidad determinó que la II sección contaba con agua suficiente y debía administrarla mejor. Esta situación no afecta al quehacer de la la Junta de Vigilancia del Tercer tramo, por cuanto su jurisdicción sobre los afluentes de los esteros Idahue y Zamorado y del Río Claro, y sobre la gran cantidad de aguas del Cacahapoal que afloran en esta sección, le asegura una dotación adecuada durante todas las temporadas. Junta de Vigilancia del Río Elqui
Un buen ejemplo de una junta de vigilancia organizada en torno de un cauce principal es la del Río Elqui en la IV Región. Tiene un área de influencia en las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano, con una población aproximada de 350.000 habitantes. Tiene su cabecera en la Cordillera de Los Andes y continúa hasta el Océano Pacifico. Su superficie aproximada es de 9.600 Km2, correspondiente al 24% de la región; y la longitud del cauce principal es de 100 Km. Además, sus principales afluentes, los ríos Turbio y Claro tienen longitudes similares (100 Km.). La Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes está organizada desde 1993 y su principal misión es administrar y distribuir las aguas a sus miembros en los cauces naturales de la cuenca del río Elqui. Además, tiene a su cargo la administración de los embalses La Laguna y Puclaro. La organización ha mostrado preocupación por la educación sobre el tema en las escuelas rurales. Dos ejemplos de esto ha sido la producción en el año 2001 del “Festival de la Canción al Agua”, y el desarrollo del proyecto “Manejo Sustentable del Agua en Escuelas Rurales”. A partir del año 2002, la Junta de Vigilancia del Río Elqui inició acciones dirigidas a lograr una gestión integrada de los recursos hídricos del Valle de Elqui, destacándose entre ellas la de impulsar un sistema de administración de los recursos hídricos a través de un Contrato de Río, modelo basado en la concertación, coordinación y participación de los organismos públicos y privados en el uso del recurso. Este Contrato entrega la oportunidad para desarrollar una gestión a escala de cuenca hidrográfica, la que actúa bajo los principios de “solidaridad” y “autofinanciamiento”, restableciendo el compromiso de los actores locales del agua, al incrementar su participación, disminuyendo con ello la toma de decisiones por parte del gobierno central.
Artículo publicado en revista Chileriego Edición Nº 23.
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